CAUSA TRIANGULACIÓN DE DINERO

Dos pericias niegan perjuicio económico al gremio petrolero

Mañana habrá una audiencia clave en la que el titular del gremio, Guillermo Pereyra, podría terminar sobreseído.
miércoles, 18 de diciembre de 2019 · 13:06

La causa iniciada en diciembre de 2017 contra integrantes de la conducción del sindicato de Petroleros, conocida como de “triangulación de dinero”, tendrá este jueves 19 una audiencia clave en la que la jueza Carina Álvarez podría dictar el sobreseimiento de los acusados, incluido el titular del gremio, Guillermo Pereyra, por “inexistencia de delito”. En la última audiencia, celebrada el 7 de diciembre, la magistrada rechazó una nueva prórroga del plazo de investigación pedido por el fiscal Marcelo Silva. Y en este escenario, la pericia del gabinete contable del Poder Judicial determinó que “no hay perjuicio para el sindicato”.

La investigación judicial contra cinco integrantes de la conducción del gremio y dos asesores contables, se inició en diciembre de 2017 a partir de una investigación periodística en la que se reveló que el gremio mantenía, desde agosto de 2002, un contrato con la consultora lobista IC&T con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, para “servicios tercerizados de dirección y lobby institucional”. A partir de ese contrato, el gremio abonaba los servicios de IC&T y ésta retornaba dinero a la dirigencia gremial en concepto de honorarios.

Para el fiscal Marcelo Silva, de Delitos Económicos, se trató de una “maniobra de triangulación de dinero con la consultora, que significó un beneficio desmedido para los directivos del Sindicato Petrolero”, y consecuentemente un perjuicio para las arcas del gremio y en definitiva para los afiliados.

Con el acompañamiento del fiscal jefe Pablo Vignaroli, ordenó allanamientos en la sede gremial, en oficinas contables ligadas al sindicato y en dependencias porteñas de IC&T, en los que secuestró abundante documentación, archivos informáticos y pidió informes bancarios.

El 11 de agosto de 2018 se concretó la formulación de cargos para los cinco dirigentes del gremio y dos auditores. También se declaró como “causa compleja” a la investigación.

Recién el 21 de diciembre el Ministerio Público Fiscal remitió al Gabinete Contable del Poder Judicial la documentación para la pericia que determine si hubo perjuicio y, en todo caso, de cuánto.

El 7 de agosto de este año, la fiscalía pidió cuatro meses de prórroga (primera) debido a que aún no se había producido la pericia contable.

Para el 31 de octubre, la causa contaba con dos resultados de pericias: la de parte, realizada por el contador Alberto Papponi, y la oficial del Gabinete Contable, que coincidieron en concluir con que “no hubo perjuicio patrimonial”. La fiscalía solicitó otra opinión, en este caso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero no prosperó. La defensa, a cargo de Marcelo Hertzriken Velasco, se opuso a una nueva prórroga y le pidió a la fiscalía que se expida “si hay o no un delito”.

El abogado señaló que la maniobra –admitida por la conducción gremial- “fue para garantizar la intangibilidad de las remuneraciones; esto fue litigado en el juzgado federal de Neuquén con resultado favorable para el gremio, ratificado por la cámara de General Roca y la Corte Suprema de Justicia”.

En la audiencia del pasado 7 de diciembre, en la que venció la prórroga concedida cuatro meses antes, la jueza Carina Álvarez rechazó un nuevo pedido de extender la investigación por otros 120 días.

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