CAUSA TRIANGULACIÓN DE DINERO

Sobreseyeron a la cúpula del gremio de Petroleros

La jueza carina Álvarez consideró que no hubo delito en el contrato con una empresa lobbista para eludir pagar Ganancias.
jueves, 19 de diciembre de 2019 · 10:43

El titular del sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, fue sobreseído este jueves en la causa por la que se lo investigó, junto a otros cuatro dirigentes y dos auditores contables, por presunta malversación de fondos. Fue en la causa conocida como de “triangulación de dinero”, iniciada a partir de una publicación periodística. La jueza Carina Álvarez firmó el fallo al considerar la “inexistencia de delito”, ya que las pericias contables no corroboraron perjuicio económico alguno para las arcas del gremio.

El fallo alcanzó a Pereyra, a Antonio Ricardo Astrada (secretario adjunto); Carlos Omar Lorenzo (tesorero); Osvaldo Marín (administrativo), Jorge Omar Allende (auditor externo), y Víctor Pelletieri (asesor contable).

La causa judicial que encabezaron los fiscales Marcelo Silva –Delitos Económicos- y Pablo Vignaroli (fiscal jefe) se inició en diciembre de 2017 a partir de una investigación periodística en la que se reveló que el gremio mantenía, desde agosto de 2002, un contrato con la consultora lobista IC&T con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, para “servicios tercerizados de dirección y lobby institucional”. A partir de ese contrato, el gremio abonaba los servicios de IC&T y ésta retornaba dinero a la dirigencia gremial en concepto de honorarios.

Para el fiscal Marcelo Silva, de Delitos Económicos, se trató de una “maniobra de triangulación de dinero con la consultora, que significó un beneficio desmedido para los directivos del Sindicato Petrolero”, y consecuentemente un perjuicio para las arcas del gremio y en definitiva para los afiliados. Se mencionó que entre 2016 y 2017 se habrían desviado unos 35 millones de pesos.

Con el acompañamiento del fiscal jefe Pablo Vignaroli, ordenó allanamientos en la sede gremial, en oficinas contables ligadas al sindicato y en dependencias porteñas de IC&T, en los que secuestró abundante documentación, archivos informáticos y pidió informes bancarios.

El 11 de agosto de 2018 se concretó la formulación de cargos para los cinco dirigentes del gremio y dos auditores. También se declaró como “causa compleja” a la investigación.

Recién el 21 de diciembre el Ministerio Público Fiscal remitió al Gabinete Contable del Poder Judicial la documentación para la pericia que determine si hubo perjuicio y, en todo caso, de cuánto.

El 7 de agosto de este año, la fiscalía pidió cuatro meses de prórroga (primera) debido a que aún no se había producido la pericia contable.

Para el 31 de octubre, la causa contaba con dos resultados de pericias: la de parte, realizada por el contador Alberto Papponi, y la oficial del Gabinete Contable, que coincidieron en concluir con que “no hubo perjuicio patrimonial”. La fiscalía solicitó otra opinión, en este caso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero no prosperó. La defensa, a cargo de Marcelo Hertzriken Velasco, se opuso a una nueva prórroga y le pidió a la fiscalía que se expida “si hay o no un delito”.

El abogado señaló que la maniobra –admitida por la conducción gremial- “fue para garantizar la intangibilidad de las remuneraciones; esto fue litigado en el juzgado federal de Neuquén con resultado favorable para el gremio, ratificado por la cámara de General Roca y la Corte Suprema de Justicia”.

En la audiencia del pasado 7 de diciembre, en la que venció la prórroga concedida cuatro meses antes, la jueza Carina Álvarez rechazó un nuevo pedido de extender la investigación por otros 120 días.

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